Infraestructura pública: responsabilidad fiscal, transparencia y resultados para Santander

Los retrasos y sobrecostos de proyectos como la Variante de San Gil, los corredores Curos-Málaga y la Troncal del Magdalena Medio plantean una pregunta fundamental: ¿quién responde por los recursos que aportan los ciudadanos cuando las obras no se terminan a tiempo? La infraestructura no puede convertirse en una cadena de contratos adicionales, prórrogas y recursos mal ejecutados porque cada peso público debe administrarse con responsabilidad, porque proteger el erario también significa respetar el esfuerzo de los contribuyentes y generar condiciones para la inversión privada, el empleo y la competitividad de Santander. La solución exige planeación predial y ambiental desde el inicio, procesos de contratación transparentes, pólizas de cumplimiento efectivas y auditorías rigurosas. Además, las veedurías ciudadanas y la publicación de los avances, costos y modificaciones contractuales deben permitir que cualquier ciudadano pueda hacer seguimiento a las obras. La gestión pública debe medirse por resultados, no por anuncios. Santander necesita proyectos bien planeados, presupuestos controlados y responsables que rindan cuentas. La transparencia no puede ser un discurso: debe ser una obligación en cada contrato y en cada peso invertido.