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Primero se verifica el título, después se paga el sueldo

Títulos falsos: los casos de Verónica Estrada y Juliana Guerrero, y nuestra propuesta para verificar cada diploma antes de posesionar o contratar.

Primero se verifica el título, después se paga el sueldo

Títulos falsos: los casos de Verónica Estrada y Juliana Guerrero, y nuestra propuesta para verificar cada diploma antes de posesionar o contratar.

La Universidad Nacional dice que no tiene ningún registro de que la representante Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, se haya graduado allí. Ella figura como coautora de un proyecto de ley para que cualquiera pueda verificar un título universitario. En septiembre, Juliana Guerrero aceptó ante un juez que usó títulos fraudulentos para aspirar a un viceministerio. En los dos casos, una consulta de minutos habría prendido la alarma. Proponemos que esa consulta sea automática y obligatoria.


El 20 de julio de 2026, el día en que arrancó el nuevo Congreso, se radicó en la Cámara el proyecto de ley 019, que crea un sistema de consulta pública de títulos de educación superior. La idea es sencilla y buena: que cualquiera pueda comprobar en internet si un diploma existe, quién lo expidió y cuándo. Entre sus autores aparece la representante antioqueña Luz Verónica Estrada Holguín.

La ley todavía no existe. La verificación llegó antes, en forma de carta.

Lo que se sabe hasta hoy

En la noche del 18 de noviembre se hizo pública una certificación de la Universidad Nacional, fechada el 23 de octubre de 2025: revisados sus archivos, no hay "ningún registro" de que Estrada sea egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia en Medellín. La exdecana de Minas Verónica Botero aseguró que la firma del diploma no es suya. Y el rector, José Ismael Peña, contó que la universidad denunció los hechos ante la Fiscalía a finales de 2025. Un año después, el país se enteró por la prensa.

El 19 de noviembre llegaron más piezas. El colegio de Caramanta donde dijo graduarse de bachiller afirma que cursó hasta octavo. La Universidad de Antioquia aclaró que no ofrece la carrera de un segundo diploma atribuido a ella. El Copnia dijo que nunca le expidió tarjeta profesional. La minera Aris Mining calificó de "impreciso y falso" un certificado laboral. Según La Silla Vacía, el diploma de la Nacional estuvo entre los soportes de un contrato por 78 millones de pesos que firmó con la DIAN en 2025.

Ese día la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria, la Corte Suprema ya estudia cinco denuncias y el Pacto Histórico le pidió renunciar y citó a su comité de ética para el lunes 23. Ella no se ha pronunciado. Todo esto son denuncias y certificaciones de terceros: ningún juez ha decidido nada y la representante tiene derecho a defenderse y a que se presuma su inocencia.

La coautora

Conviene contarlo con precisión, porque la ironía no necesita adornos. Estrada figura entre los coautores del proyecto 019, junto con otros congresistas del Pacto, y lo impulsa María Fernanda Carrascal. Firmó un proyecto para pillar diplomas falsos mientras, según la Nacional, el suyo no aparecía en ningún archivo.

El proyecto ya pasó su primer debate en la Comisión Sexta, en octubre, y Carrascal pidió el 19 de noviembre que la plenaria agende el segundo. Tiene razón, y el escándalo de una de las firmantes es el mejor argumento a favor del proyecto.

El antecedente que ya pasó por un juez

Juliana Guerrero fue postulada en agosto de 2025, en el gobierno Petro, para viceministra de las Juventudes. Su hoja de vida del 15 de agosto mostraba estudios técnicos en contabilidad; dos semanas después ya aparecía como contadora pública de la Fundación Universitaria San José. El Icfes confirmó que no presentó la prueba Saber Pro, el SNIES no tenía registro suyo y en noviembre de 2025 la fundación anuló los dos títulos.

El 9 de septiembre de 2026 un juez avaló el preacuerdo en el que Guerrero aceptó su responsabilidad, como cómplice, por fraude procesal: tres años de prisión que no pagará tras las rejas por no tener antecedentes, una multa e inhabilidad para cargos públicos por cerca de dos años y medio. El exsecretario general de la fundación fue condenado a 36 meses por falsedad ideológica en documento público. La San José está bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación desde febrero, y la congresista Catherine Juvinao denunció otros 24 contratistas del Estado con diplomas de allí, casos que revisa la Fiscalía.

En ese caso la alarma la prendieron una congresista de oposición y una consulta al Icfes. El filtro de talento humano no la prendió.

Lo que viene

En lo penal. Mientras sea congresista, a Estrada la investiga la Sala de Instrucción de la Corte Suprema (artículos 186 y 235 de la Constitución). Si renuncia, el caso podría pasar a la Fiscalía. Las denuncias hablan de falsedad material en documento público (artículo 287 del Código Penal), uso de documento público falso (291), falsedad en documento privado por los certificados laborales (289) y fraude procesal (453), el mismo delito que aceptó Guerrero.

En los contratos. El artículo 5 de la Ley 190 de 1995 ordena terminar el contrato o revocar el nombramiento hecho sin cumplir requisitos. Los organismos de control podrían mirar si hay plata que devolver a la DIAN.

En la curul. Para ser representante, la Constitución pide ciudadanía y 25 años (artículo 177), sin título. Un diploma falso, por sí solo, no anula la elección, y la pérdida de investidura (artículo 183) está en discusión. La silla vacía del artículo 134 también divide: el exmagistrado del CNE Renato Contreras dice que las falsedades no están en la lista; Hernando Herrera, de Excelencia en la Justicia, cree que el contrato con la DIAN podría encajar. Si ella renuncia, lo más probable es que la curul pase al siguiente de la lista.

Nuestra propuesta: que verifique el sistema

En los dos casos el dato para detectarlos ya estaba en manos del Estado y nadie lo consultó a tiempo. Buena parte del arreglo no necesita ley.

  1. Aprobar el proyecto 019 en plenaria. Viene de la bancada de oposición y es una buena idea.
  2. Verificación automática antes de posesionar o contratar. Que el SIGEP y el SECOP crucen la cédula del aspirante contra la consulta de títulos que crearía el proyecto 019, las convalidaciones del Ministerio de Educación y los registros de los consejos profesionales; mientras esa consulta no exista, la entidad le pide la certificación a la universidad, porque hoy el SNIES es estadístico y no sirve para verificar títulos. Si el título no aparece, no hay posesión ni firma. Eso es Estado Inteligente: la información existe, falta que los sistemas se hablen.
  3. Un barrido de contratistas y funcionarios actuales, empezando por los títulos de instituciones bajo vigilancia especial.
  4. Responsabilidad para quien no verifique. El jefe de talento humano o el supervisor que se salte la consulta responde disciplinariamente.

Le vamos a pedir al Ministerio de Educación y a Función Pública que arranquen por el barrido, que se puede hacer con lo que ya hay. Y para 2027, el Partido Republicano publicará la verificación de los títulos de cada uno de sus candidatos antes de inscribirlos.


Fuentes

Caso Luz Verónica Estrada (18 al 20 de noviembre de 2026):

El proyecto de ley 019 de 2026 Cámara:

Caso Juliana Guerrero y Fundación Universitaria San José:

Sobre el SNIES:

Normas citadas:

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