Como militante del Partido Republicano, respaldo la necesidad de ordenar las finanzas, pero no comparto que se suban impuestos a la clase media ni a los sectores de bajos ingresos. El hueco fiscal que deja el gobierno de Gustavo Petro es enorme: la Contraloría advirtió un faltante de financiación de cerca de $303 billones en el presupuesto de 2026 , y el nuevo ministro de Hacienda habla de un déficit cercano al 7 % u 8 % del PIB . Esa "bomba de tiempo" existe y hay que desactivarla, pero la cuenta no puede pagarla quien ya está asfixiado.
La Ley de Rescate plantea un ajuste fuerte del gasto estatal —recortes de contratación y funcionamiento— y una reducción del impuesto de renta empresarial del 35 % al 31 % . Eso puede ayudar a inversión y empleo, pero debe ir acompañado de control político real: que se audite cada peso, que se combata la evasión y que no se repita el despilfarro. Subir impuestos a la población media y baja sería el camino fácil y el más injusto. La salida debe ser gasto eficiente, transparencia y crecimiento, no más carga sobre los que menos tienen.
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