¿EL GOBIERNO PETRO CONVIRTIÓ LOS CONTRATOS DEL ESTADO EN MONEDA DE CAMBIO SEXUAL?

Quiero comenzar con una pregunta: ¿cuánto le cuesta a Colombia que quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos los utilicen, presuntamente, para satisfacer intereses particulares?

Lo que hoy conocemos como el escándalo de los llamados sexocontratos va mucho más allá de la vida privada de un expresidente.

Una mujer, Deicy Jiménez, ha señalado públicamente a Gustavo Petro de presuntamente gestionar contratos estatales a cambio de favores sexuales. Son acusaciones que deben investigarse y probarse. Petro ha negado haber utilizado el poder público para esos fines.

Pero hay hechos que exigen explicaciones: se han identificado diez contratos estatales suscritos por la denunciante entre 2021 y 2026, según registros consultados por medios de comunicación. Y el 5 de noviembre se conoció una publicación periodística sobre un supuesto mensaje en el que Petro habría intervenido para mantener una contratación. Todo esto debe ser verificado por las autoridades. 

Y aquí está el verdadero problema: si se demuestra que los contratos públicos fueron utilizados para pagar favores personales, no estaríamos hablando solamente de un escándalo moral, sino de un posible abuso del poder y de los recursos de todos los colombianos.

Porque mientras miles de colombianos se levantan a trabajar, pagan impuestos y hacen esfuerzos para sostener sus hogares, el Estado tiene la obligación de garantizar que cada peso se invierta en servicios, seguridad, educación e infraestructura.

El dinero público no es una caja menor del presidente, ni una herramienta para premiar amistades, pagar favores o satisfacer intereses personales.

Y quiero dejar tres preguntas sobre la mesa:

¿Quién verificó la idoneidad de las personas contratadas?

¿Qué servicios prestaron y qué recibió realmente el Estado a cambio de esos pagos?

¿Quién va a responder si se demuestra que hubo utilización de recursos públicos para fines particulares?

No podemos permitir que la investigación se convierta en un espectáculo mediático ni que las denuncias se utilicen para reemplazar a la justicia. Necesitamos pruebas, transparencia y responsabilidades.

Porque el poder es prestado, pero los recursos públicos son de los ciudadanos. Y ningún presidente, por poderoso que sea, está por encima de esa responsabilidad.

A Colombia no le cuesta solamente el dinero que eventualmente se haya malgastado. Le cuesta la confianza, le cuesta la institucionalidad y le cuesta la tranquilidad de saber que quienes administran sus recursos están trabajando para la gente y no para sus intereses particulares