El gobierno de Gustavo Petro ha sumido a Colombia en una profunda crisis institucional, económica y de seguridad. Los múltiples escándalos de corrupción que han salpicado a su círculo cercano, sumados a reformas estatistas fallidas, han fracturado la confianza inversionista y elevado la incertidumbre.
La administración de Petro debilito la fiscalía, cedio terreno ante grupos armados bajo una supuesta «paz total» y erosiono la separación de poderes. Para la izquierda y sus esbirros, esto no es más que la continuación de un modelo populista que asfixio al sector privado, encarecio el costo de vida y socavo la estabilidad democrática.
Colombia necesita con urgencia un viraje político hacia el orden, la legalidad y el libre mercado. Es imperativo rescatar la institucionalidad, fortalecer la seguridad nacional y restaurar la confianza internacional para evitar que el país sea un estado fallido, como el que nos quizo dejar Petro.

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Pero para que el viraje político se realice con orden, con legalidad y libre mercado, lo primero que debe hacerse es reformar las leyes y endurecer las penas, haciendo de ellas una herramienta asertiva y eficiente contra la corrupción y la ilegalidad no importa de donde vengan. Unas leyes que amparan, permean y justifican al que tiene los medios y recursos para esquivarlas debilita al estado y retrasa el desarrollo económico de todo un país.