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¿Las microempresas han abandonado el SECOP II?

Con la expedición de la Ley de Emprendimiento (Ley 2069 de 2020) y su reglamentación, cuya finalidad era fomentar e impulsar, entre otros aspectos, la participación de la MIPYME en el mercado de compras y contratación pública, la mayoría de las microempresas pensó que se abrían oportunidades reales para ofrecer sus bienes y servicios.

En efecto, en 2025 se celebraron contratos por mínima cuantía por cerca de $2.451.735.242.612, y en lo corrido de 2026 por cerca de $2.071.753.607.471 (consulta realizada el 10 de noviembre de 2026). Sin embargo, al revisar procesos en distintas entidades, se observa que una modalidad cuyo único factor de evaluación es el menor precio se convierte en una invitación hecha “a la medida”: se exige presentar y acreditar hojas de vida de personal técnico, tecnólogo o profesional para contratos de mantenimiento de aires acondicionados, computadores y similares, además de certificaciones prácticamente imposibles de acreditar.

Las entidades se casan con un solo oferente y acotan la contratación, restringiendo la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia. Cuando los interesados presentan observaciones, las entidades territoriales suelen limitarse a responder: “se les recuerda que pueden conformar un proponente plural”. Y la sana competencia es lo que permite que la entidad estatal se beneficie en todos los casos sin pagar de más. No es admisible que en muchos procesos exista un solo oferente, en ocasiones disfrazado de unión temporal o consorcio.

Centro mi análisis en la mínima cuantía porque, por razones obvias, las microempresas no suelen estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP). Todas aspiran a registrar su experiencia y crecer, pero si la mínima cuantía se ha vuelto de difícil participación, ¿cuándo podrá una microempresa competir en la menor cuantía o en la licitación pública?

El SECOP II, aunque con fallas, es una buena herramienta; sin embargo, funcionarios y ordenadores del gasto la han convertido en una autonomía de la voluntad restringida, pues, como bien sabemos, la norma no regula todo en detalle.

Quisiera que todas las microempresas pudieran participar en la contratación estatal. Si bien el beneficio del emprendimiento cobija a micro, pequeñas y medianas empresas, considero que las más necesitadas son las microempresas: cuando una empresa es pequeña o mediana, ya ha facturado considerablemente.

En pleno 2026, los oferentes aún deben suplicar para que las entidades publiquen los documentos de las ofertas y así poder formular observaciones y ejercer su derecho de contradicción frente al informe de evaluación. El SECOP II se creó precisamente para que todos los interesados en un proceso de contratación pudieran consultarlo y hacerle seguimiento. Es cierto que se necesitan conocimientos en contratación estatal para participar y defenderse, y justamente eso es lo que algunas entidades usan a su favor.

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