Me vi los ocho capítulos de Palacio, la serie de Netflix producida por Dynamo. Y mi conclusión es que esta historia no puede convertirse en una disputa de propaganda: exige memoria, rigor y respeto por TODAS las víctimas.
El 6 de noviembre de 1985 el M-19 irrumpió armado en el Palacio, secuestró a más de 300 personas y convirtió la sede de la justicia en escenario de guerra. Eso fue un ataque contra la democracia, no un acto romántico de rebeldía. Ninguna causa política justifica tomar rehenes ni poner en riesgo sus vidas.
Pero la responsabilidad no termina ahí. La retoma militar dejó muertos, preguntas sin resolver y desapariciones forzadas. La Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional del Estado por desapariciones y graves irregularidades. La Comisión de la Verdad calificó de demencial la toma del M-19 y de desproporcionada la reacción estatal. No hay que escoger entre condenar una y otra.
Por eso discrepo del relato del presidente Petro cuando presenta como «mentira oficial» aquello que no coincide con su versión o pretende cerrar responsabilidades del M-19. Que existan controversias forenses sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona no demuestra, por sí solo, que el M-19 sea ajeno a los crímenes de la toma. Incluso si se acepta su argumento sobre las armas utilizadas contra los magistrados, eso no exonera a la organización guerrillera de haber asaltado el Palacio y secuestrado a sus ocupantes. Las familias merecen verdad, no versiones convenientes.
También debe decirse con rigor que el coronel Alfonso Plazas Vega fue absuelto por la Corte Suprema en 2015 respecto de las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco. Esa absolución debe respetarse; no borra la responsabilidad internacional del Estado ni equivale a declarar impecable toda la operación militar.
La serie tiene un mérito: devuelve al debate a los desaparecidos y a sus familias, y recuerda que la historia no pertenece a los victimarios ni a los gobiernos. Su límite es el de toda ficción histórica: dramatiza, reconstruye diálogos y condensa hechos. No puede tratarse como expediente judicial ni como verdad definitiva. Netflix y Dynamo deberían distinguir con claridad lo probado, lo discutido y lo dramatizado, especialmente al representar personas reales.
Como militante republicano, defiendo la democracia, la institucionalidad, la Fuerza Pública sometida a la Constitución y, sobre todo, los derechos de las víctimas. No acepto que se glorifique al M-19 ni que se encubran abusos estatales.
La memoria no es de izquierda ni de derecha: es de Colombia. La verdad completa no absuelve a nadie por conveniencia.
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