Si la ley y las garantías de acceso al trabajo deben aplicar con la misma rigidez para todos, el Estado no debería imponer una tarifa previa a quien busca un empleo formal. Cobrar por postularse transforma un derecho constitucional de acceso a la función pública en un trámite mercantil, creando una barrera económica justa para quienes se encuentran desempleados. Es momento de reevaluar si la CNSC cumple realmente su propósito o si se ha convertido en una estructura burocrática costosa e inequitativa.
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Totalmente de acuerdo. Y esto no ocurre únicamente con el acceso al empleo público; también sucede con innumerables cobros que se trasladan injustamente a los ciudadanos por trámites y servicios que deberían garantizarse como parte de sus derechos. Lo que corresponde es que esos costos los asuma el Estado colombiano, no que se conviertan en una carga adicional para quienes precisamente necesitan de su protección.